Debate continúa por suspensión en Colombia de medidas para dosis mínima en sitios públicos, luego de la derogación del Decreto 1844 de 2018 que reglamentaba parcialmente en el territorio colombiano el Código de Policía y que hacía referencia a la actuación de la Policía en el momento de registrarse una infracción a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.
Entre las asociaciones que salieron a manifestarse en contra de esta suspensión está la Federación Colombiana de Municipios, que a través de su director ejecutivo Gilberto Toro, expresó días atrás su inconformidad.
De acuerdo a lo afirmado por el vocero de esta federación: “Entendemos que las facultades de prevención para el control de porte, tenencia, consumo y comercialización de estupefacientes de la Policía Nacional no fueron derogadas y no se busca dar “patente de corso” para que el microtráfico inunde las calles de los municipios del país permitiendo que niñas, niños y adolescentes queden a merced de los expendedores; por esto insistimos en la modificación y aclaración del decreto”.
Voces como la anterior, venidas desde algunos sectores de la sociedad, presentan serios reparos a la medida, en virtud de la ambigüedad que según ellos, tiene en si misma.
Por su parte el Defensor del Pueblo Carlos Camargo expuso entre las objeciones a la supresión de las medida, la necesidad prioritaria de velar por la integridad de la familia y a la niñez que se puede ver vulnerada al tenerse que presenciar y tolerar prácticas de consumo en sitios públicos de recreación, que pueden ser promovidas por los mismos expendedores que terminan enganchando a los menores hacia la venta a otros menores, incitándolos al consumo de estas sustancias. Según sus palabras:
“Es incomprensible que, por sobre la protección de la niñez y la familia, se privilegie el uso del espacio público, incluidos los parques de recreación infantil, para el ejercicio de prácticas nocivas bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad. La obligación de protección y de educación a cargo del Estado y la sociedad no se limitan a la escuela, sino que se reflejan en las prácticas que el Estado incentiva o autoriza en los espacios públicos”, señaló el Defensor del Pueblo.
Enfatizando además que uno de los mayores problemas que afecta hoy a la niñez y la juventud es el incremento en el consumo de estupefacientes y particularmente el microtráfico, “que victimiza a las niñas y los niños no solamente por el consumo, sino por la vinculación que de ellos hacen los grupos delincuenciales, especialmente de menores de 16 años, con el ánimo de evitar o eludir la acción penal los criminales”, indicó.
De otro lado esta la posición de quienes encuentran alguna validez en la iniciativa gubernamental, en cuanto se viene criminalizando a los consumidores en lugar de mirarlos como seres humanos con un nivel de enfermedad o desequilibrio por su dependencia a las drogas.
En este sentido, miembros de agrupaciones que velan por los derechos humanos han presentado en diversas ocasiones serios cuestionamientos a los excesos del uso de la fuerza o «acción brutal de la Fuerza Pública» para darle tratamiento a los consumidores en lugares públicos.
En este sentido se habla de una doble moral, al indicar que dándose en diferentes organizaciones de la sociedad casos de personas consumidoras, estos son ocultados, poniéndole por el contrario todo el rigor del señalamiento al joven(hombre o mujer) del barrio popular o hasta al mismo habitante de la calle que es tratado con desprecio.
Buscar un punto de equilibrio termina siendo el gran reto, en la medida que, pretendiendo descriminalizar el consumo y darle un enfoque de salud, viendo al consumidor como un enfermo, debe por otro lado de preservarse la integridad de las familias e hijos menores que tampoco deben ser expuestos a tener que presenciar la legitimización de un hecho detrás del cual hay organizaciones criminales que se lucran y promueven el consumo através de sus diferentes redes.
